La mejor tertulia sobre Relaciones Laborales de la radio española ha realizado este lunes un exhaustivo examen a los proyectos que tiene previsto poner en marcha el Ministerio de Trabajo y Economía Social durante esta legislatura. Un análisis certero y en profundidad por parte del equipo de expertos de ADiReLab 360.
Un programa en el Francisco García Cabello aprovechó su portada para dar las gracias a todos los directivos de Recursos Humanos que asistieron el pasado jueves en Madrid a la VIII Edición de La Gala RR.HH. Un evento único y exclusivo en el que se entregaron siete premios a destacados profesionales de la Función.
Y antes de entrar en materia, Antonio de la Fuente, director Personas, Cultura y Talento de Air Europa y Presidente de AdiReLab, contó a nuestros oyentes que el próximo día 25 la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales celebrará una Asamblea General para hacer balance del último años y tras la cual habrá una jornada dedicada a algunos de los temas tratados hoy.
Futuro Estatuto del Becario
El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la aprobación del Estatuto del Becario, un proyecto que llevaba parado desde el final de la pasada legislatura y que pretende blindar la situación de los contratos en prácticas frente a algunos fraudes.
Javier Martín, director de Talento de Randstad y miembro de la Comisión de Empresabilidad de la Universidad CEU San Pablo, ha comentado que este texto aún no se ha acordado por dos razones fundamentales. Uno es la «falta de consenso» entre los miembros de la coalición del Gobierno y otro, a su juicio «más relevante», sería «una falta de participación de todos los actores afectados«, entre los que ha citado empresas, centros de formación y asociaciones de estudiantes.
«La última regulación data de hace más de diez años y que consideramos que cualquier actualización de una regulación, y más en esta materia de prácticas, es fundamental que se actualice, que se garantice legalmente los derechos de los becarios. Pero por supuesto con el consenso y con la participación de todos los agentes y todos los actores afectados», ha reflexionado.
Antonio de la Fuente coincidía en que se necesita tanto ese consenso como una actualización para acabar con los «falsos becarios», si bien advierte de que «cuanto más difícil lo pongan, más difícil va a ser, lógicamente que las empresas queramos acoger a esos becarios».
Jesús Lahera, catedrático del Derecho del Trabajo de la UCM, se refirió a algunos de los derechos laborales que se contemplan en el texto, como la compensación de los gastos o el reconocimiento de derechos de descanso y vacaciones, que «puede tener su complejidad», o la prevención de riesgos laborales.
No obstante, considera que va a haber «un conflicto de difícil solución», ya que «esta política que al final va a incrementar los costes para las empresas en la recepción de esos estudiantes».
También es cauto respecto a las prestaciones por desempleo puesto que no se reconoce esta posibilidad en lo que ha trascendido hasta el momento.
Despedidos y Discapacidad
El Gobierno ha aprobado la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores, mediante el cual se permite eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la incapacidad permanente de la persona trabajadora.
Una reforma legal que viene amparada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo.
Jesús Lahera ha apuntado que la principal novedad es la necesidad de integrar los ajustes razonables «en el sistema de extinción del contrato, que hasta ahora era automático». También ha detectado «dos puntos de partida erróneos»: desplazar al trabajador el derecho a solicitar los ajustes razonables y que no regula «la compatibilidad entre el trabajo y la pensión de incapacidad permanente total y absoluta«.
Ester Alonso, directora de Relaciones Laborales y miembro del Comité Ejecutivo de ADiReLab, ha mostrado su preocupación sobre qué se entiende por ajustes razonables o por carga excesiva para las empresas.
Antonio de la Fuente ha incidido en el tema de la incapacidad permanente absoluta porque, tal y como marca el Tribunal Supremo, «si es absoluta no puede usted trabajar. Y ya no digamos la gran invalidez». Frente a esto, la reforma abre la puerta a buscar otro puesto al empleado y le surge la duda de si esto se hace realmente «para no engrosar prestaciones».
Reglamento LGTBi
El Gobierno también ha acelerado la elaboración del reglamento de planes de igualdad LGTBi para las empresas con más de 50 empleados y ha dado un plazo de tres meses a empresas y empleados para llegar a un acuerdo.
Antonio de la Fuente no entiende por qué hay que separar este reglamento del Plan de Igualdad que ya tienen las empresas. Mientras, Jesús Lahera opinaba que «hay diferencias de procedimiento y hay diferencias de contenido» ; y que el objetivo es «regular protocolos de acoso del colectivo para evitar situaciones en este sentido, incentivar que los convenios colectivos tengan cláusulas específicas referidas a este colectivo dentro de lo que es la tutela antidiscriminatoria e implantar en la empresa una formación de no discriminación del colectivo».
Ester Alonso ha destacado que el texto prevé «un mecanismo de desbloqueo para el caso de que finalmente las empresas que no tienen representación legal de los trabajadores no consigan que los sindicatos se sienten a negociar estas medidas planificadas en favor del colectivo LGTBi». Además de contemplar que «serán los convenios colectivos sectoriales los que tendrán que prever estas medidas planificadas».
Reducción de jornada
El Gobierno ha vuelto a citar a los agentes sociales para avanzar en la reducción de la jornada de trabajo semanal a 37,5 horas en 2025, algo que las grandes empresas ya tienen integradas en sus convenios colectivos, como comentó Antonio de la Fuente. Pero ante lo que las pymes sufrirán en costes y productividad ante la ecuación de «menos trabajo, menos salarios».
Jesús Lahera ha puesto el acento en cómo va a afectar a la negociación colectiva: «Al final esto se autorregula por sectores y empresas, pero no al revés, no por bajar jornada va a aumentar la productividad y van a subir los salarios».
Ester Alonso ha señalado como claves los planes de flexibilidad y el registro horario, una medida que hasta ahora «ha sido un fracaso en términos de control, en términos regulatorios, tanto para la patronal como para los sindicatos».
El podcast de Foro Recursos Humanos te ofrece todas las entrevistas del espacio ADiReLab 360 dedicado a las medidas laborales que prepara el Gobierno en esta legislatura.
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