Todas las asociaciones territoriales de la sanidad privada en España han suscrito el documento de alegaciones presentado por ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) a la consulta pública del proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), anunciado por el Ministerio de Sanidad.
ASPE considera que, a tenor del texto preliminar, podría existir invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales de eficiencia, ya que la absoluta prioridad de la gestión directa a la que se llama en el anteproyecto de ley supone, en realidad, una intromisión en dichas competencias autonómicas. Y es que son los gestores autonómicos quienes deben valorar y optar por aquella que mejor se adecúe a sus necesidades y principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera,
ASPE desmiente algunos de los supuestos problemas que han servido para justificar el trámite de esta Ley y reivindica el papel fundamental que la sanidad privada representa dentro del sistema sanitario del país.
La patronal de la sanidad privada destaca el «grave error» que supondría la limitación de los conciertos sanitarios o de modelos concesionales, por cuanto esto privaría al sistema público del acceso a la «experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos» que el sector privado pone a disposición del sistema público de salud, en un momento además especialmente crítico debido a unas listas de espera en cifras récord semestre tras semestre.
Inexistencia de supuestos problemas
En las alegaciones presentadas, ASPE también aborda una serie de supuestos problemas que menciona el proyecto de Ley y que sirven para justificar la nueva normativa. «La exposición de estos problemas viene precedida de un punto de partida que no resulta compatible con un sistema constitucional que descansa sobre la libertad de empresa y la economía de mercado, y que impone a la Administración la necesidad de ser eficiente», argumenta la patronal.
A este respecto, ASPE rebate la afirmación contenida en el proyecto acerca de que la gestión indirecta, incluida en las fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del SNS, da entrada a lógicas de funcionamiento relacionadas con los beneficios empresariales, destacando que la única lógica que guía el buen funcionamiento del sistema sanitario es «la atención eficiente a los pacientes«. Precisamente a esto contribuye la colaboración con el sector privado empresarial, que permite al sistema público acceder a los recursos de este sector y ofrecer una prestación de servicios con mejor relación coste-beneficio.
Por otro lado, ASPE desmiente que la gestión indirecta suponga una pérdida de control en la gestión del servicio público por parte de la Administración, ya que «todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control« por parte de las administraciones competentes.
Asimismo, destaca que no existe ningún «blindaje diferencial de los contratos con el sector privado que dé lugar a una doble repercusión de las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión directa», tal y como se indica en el proyecto de Ley. ASPE argumenta que respetar los acuerdos firmados no es un «blindaje» y que no se diferencia de las relaciones contractuales que también mantienen los hospitales de gestión directa con otros proveedores.
La patronal también desmiente la afirmación de que la gestión indirecta supone la creación de sistemas paralelos de derivación, señalando que la concertación o concesión no priva a la Administración de derivar a los pacientes entre hospitales de su red, ya que la gestión del sistema sigue siendo su competencia y, además, la colaboración público-privada no impide a las CCAA poner en marcha sus propias políticas de gestión sanitaria.
Igualmente, ASPE destaca que la gestión indirecta no supone en modo alguno falta de transparencia en la liquidación de los pagos a las empresas prestatarias por parte de las administraciones, ya que estos están lógicamente regulados en los contratos y convenios y sometidos a todos los controles de legalidad y presupuestarios pertinentes.
Garante de sostenibilidad
La patronal de la sanidad privada reivindica también en sus alegaciones el papel fundamental que desempeña el sector privado como garante de la sostenibilidad del SNS, argumentando que «el sistema sanitario actual solo puede entenderse como la conjunción de lo público y lo privado, con todos sus recursos integrados y coordinados» y que eliminar esta colaboración «afectaría negativamente a la capacidad de respuesta del sistema y a la accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de los pacientes».
ASPE pone el acento en los numerosos datos y ejemplos que manifiestan la eficiencia de las fórmulas de gestión colaborativas en materia sanitaria, en términos, por ejemplo, de satisfacción de los pacientes y reducción de listas de espera. Así ocurre en el caso de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con gestión indirecta, que cuentan con indicadores de satisfacción del paciente superiores a la media, tal y como ha demostrado un reciente estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid.
